Pastoriza estrena su nueva área de autocaravanas

Aumentan las restricciones para autocaravanas en España, especialmente en zonas turísticas. El mapa de ASEICAR muestra dónde se aplican prohibiciones de pernocta o tasas de aparcamiento, mientras algunas regiones desarrollan infraestructura para atraer este turismo.

Se han colocado grandes rocas en la zona costera de La Cantera para impedir el estacionamiento no autorizado de caravanas y vehículos. La medida busca proteger el entorno natural de los daños causados por los vehículos.

En marzo de 2026 se matricularon 785 autocaravanas y campers nuevos en España, un 26,4% más que en el mismo mes del año anterior. Las matriculaciones de caravanas nuevas aumentaron un 82%, hasta 211 unidades, mientras que el mercado de autocaravanas y campers de ocasión se redujo un 5,3%. El aumento se vincula en parte al calendario de Semana Santa, y el segmento de campers urbanos (urban van) creció un 50% exactamente.

Los municipios de Sant Jaume dels Domenys, Albinyana, La Bisbal del Penedès y Cunit crean conjuntamente áreas de aparcamiento equipadas para autocaravanas. Cada zona tendrá capacidad para cinco vehículos, contará con puntos para la evacuación de aguas grises y negras, recarga de agua y, en algunos casos, tomas de electricidad, con una estancia máxima de tres días. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha destinado 54.000 euros al proyecto, y las obras durarán unas seis semanas.

Los viajeros españoles reservan autocaravanas y campers con una media de 15 semanas de antelación, dos semanas menos que el año anterior. El 77% de las reservas son para destinos europeos, con una duración media de viaje de 11 días. Los turistas alemanes y neerlandeses planifican con mayor antelación —casi cinco meses— mientras que los británicos postergan la decisión hasta 14 semanas antes de la salida.

El juzgado ha desestimado la solicitud de los vecinos de un administrador judicial para el camping Villas Caravaning en La Manga. La empresa gestora Caravaning Costa Cálida afirmó que la resolución confirma su postura: el cierre se debe a construcciones sin licencia de algunos propietarios y a una morosidad comunitaria de 700.000 euros, no a su gestión. La empresa mantiene el diálogo con el Ayuntamiento de Cartagena para una posible reapertura.