Habitantes de casas rodantes y caravanas en San Diego formaron un sindicato y realizaron una protesta el 10 de febrero de 2026 contra la decisión de la ciudad de reanudar las multas por vivir en vehículos. Según los manifestantes, las multas alcanzan los $170 por noche, y algunos hogares han acumulado más de $4,000, lo que les priva de recursos para necesidades básicas.
La administración municipal afirma que proporciona estacionamientos seguros con acceso a servicios sociales, citando un lote legal abierto en junio de 2025. Sin embargo, el sindicato los considera inadecuados por el costo del combustible o condiciones de salud. Ambas partes han acudido a los tribunales para resolver la disputa.