El consejo del distrito emprendió acciones legales contra más de 20 demandados nombrados y 'personas desconocidas' para impedir que vivieran y desarrollaran el terreno. Las familias habían solicitado permiso de planificación retroactivo para un 'asentamiento gitano', pero el juez determinó que hubo violaciones 'flagrantes' de las órdenes provisionales y concedió una orden judicial definitiva. Un representante dijo que el terreno quedó con 6.000 toneladas de escombros, que probablemente serían retirados por contratistas.
