El aumento de personas que viven todo el año en autocaravanas y furgonetas camper en España está vinculado al alza de los precios de la vivienda. La normativa española no prohíbe directamente la residencia permanente en vehículos, pero no los reconoce como viviendas habituales, lo que genera problemas de empadronamiento y acceso a servicios. Algunos municipios, como Palma, han establecido límites de estacionamiento de hasta 10 días, pero su aplicación es compleja.