Un comité del Ayuntamiento de Los Ángeles aplazó el debate de una moción que ampliaría la prohibición de vender vehículos en la vía pública a los alquileres de autocaravanas. La enmienda a la sección 80.73.1 del código municipal obligaría a los arrendadores a cumplir las normas sanitarias y de vehículos, con multas de entre $500 y $1000. Un informe de la policía de febrero señaló dificultades para reunir pruebas porque los inquilinos a menudo carecen de contratos y temen represalias. El departamento recomendó informar a las posibles víctimas sobre sus protecciones legales.
