La comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga aprobó por unanimidad medidas sobre los asentamientos espontáneos de autocaravanas y campers. Las autoridades se comprometen a realizar un censo de los residentes de dichos vehículos y a elaborar un plan de intervención social. El motivo es el aumento de familias expulsadas del mercado de la vivienda por los altos precios del alquiler.
Según los servicios sociales, en la zona de Sacaba se ha creado un mercado ilegal de alquiler de furgonetas y autocaravanas por 300–400 euros al mes sin garantías legales. Esto ocurre en un contexto en el que un informe del Banco de España sitúa a Málaga como la ciudad con el umbral de acceso a la vivienda más alto del país: para comprar una casa se necesitan 10 rentas anuales.