Ibiza ha comenzado el desalojo de unas 200 personas de asentamientos ilegales en Sa Joveria y Can Misses. La mayoría son trabajadores del sector servicios que no pueden permitirse un alquiler (desde 1.000 euros por una habitación) con salarios de hasta 1.800 euros. Las autoridades aplican la Ley 5/2024, que exige a los no residentes una reserva en camping para desembarcar, y la Ley del Suelo Rústico, que permite desalojos exprés. Se usan drones para detectar viviendas en bosques, y en zonas urbanas rige la regla de las 24 horas: cualquier indicio de habitación en un vehículo conlleva multa.
