En Ibiza se desarrolla una situación contradictoria con los asentamientos ilegales de caravanas. Una comitiva judicial llegó para desalojar un asentamiento en la zona de CAN Misses, donde desde julio vivían unas 80 personas en caravanas, tiendas de campaña y chozas. Para cuando llegó la comitiva, el asentamiento estaba prácticamente vacío: solo quedaban tres personas recogiendo sus pertenencias. Este es el sexto asentamiento ilegal desalojado en Ibiza desde 2024.
Al mismo tiempo, unos 60 residentes de unas 30 caravanas en el mayor asentamiento, Sa Joveria, evitaron temporalmente el desalojo realizado por las autoridades el martes. La policía les comunicó que el procedimiento de desalojo aún no había comenzado oficialmente, pero que se llevará a cabo en el futuro. Las caravanas están ubicadas en una zona de servidumbre pública, lo que las protege temporalmente, aunque las normas locales prohíben pernoctar en lugares públicos.
Los residentes, en su mayoría españoles y sudamericanos, no planean irse pronto pero no tienen opciones alternativas de vivienda. Una residente, Lucía, trabaja como limpiadora en un hospital pero su salario no alcanza para alquilar una vivienda; afirma que vive mejor en una caravana equipada con agua y paneles solares que en una habitación alquilada por 1.000 euros. Otro residente, Amaya, alquila una caravana por 450 euros al mes, más barato que un piso. Anteriormente, el ayuntamiento notificó a los residentes que debían desalojar el terreno privado antes del 29 de abril. Unas 80 personas, incluida Elena Núñez, piden que se les proporcione una parcela alternativa, amenazando de lo contrario con sacar las caravanas a la calle. Según Cruz Roja, en julio del año pasado había en la isla 1.200 personas viviendo en 655 viviendas no convencionales.